Rastreo de celulares: La polémica estrategia de ICE para hallar inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementan la compra de datos de los celulares para rastrear a los inmigrantes que tienen la intención de cruzar la frontera con México.

Por Iván Sandoval

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementan la compra de datos de los celulares para rastrear a los inmigrantes que tienen la intención de cruzar la frontera con México.

En el memorando interno, que obtuvo el portal BuzzFeed News, se sostiene que los funcionaros de estos dos entes ubican los dispositivos móviles para ubicar las actividades de los inmigrantes.

Levantan la voz

Estas acciones han sido protestadas por activistas, que aseguran que se viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a la privacidad y a no sufrir una invasión arbitraria.

"Esto plantea preocupaciones sobre la recolección de información de localización altamente privada de los estadounidenses que revelan dónde dormimos por la noche, a dónde vamos al médico, con quién pasamos el tiempo", indicó Nathan Freed Wessler, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) especializado en cuestiones de privacidad.

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Sostienen que no es ilegal

Sin embargo, ICE y DHS, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguran que se obtienen los datos de geolocalización, los agentes conocen la ubicación de los dispositivos, pero no saben automáticamente las identidades de las personas que visitaron esos lugares.

Para identificar quien se encuentra con esos celulares, los agentes deben cotejar los datos con registros de propiedades y otros datos.

Chad Mizelle, uno de los principales abogados del DHS, sostiene que los organismos minimizan el riesgo de violaciones a los derechos humanos, “al limitar sus registros de periodos definidos o al seguimiento de un dispositivo cuando hay una sospecha individualizada o una investigación policial”.

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Mizelle fue enfático en que la compra de esta información por parte del gobierno no es una violación a la Cuarta Enmienda.

La CBP sostiene que los datos son una herramienta de gran ayuda para investigar delitos; además, asegura que el uso de este tipo de información es legal.

Señaló que solo ha adquirido un acceso limitado a los datos a través de una interfaz proporcionada por un proveedor, donde sólo pueden ver "una muestra limitada de datos anónimos compatibles con operaciones policiales en la frontera, en conformidad con los requisitos jurídicos, normativos, y de privacidad pertinentes”.

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